La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) sumó ayer su quinto procesamiento judicial, esta vez por una causa de presunto lavado de activos y asociación ilícita por las operaciones que una de sus sociedades realizó con adjudicatarios de obra pública.

El juez federal Julián Ercolini procesó también a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner -entre otros-, copropietarios de la empresa Hotesur, que gestionaba un hotel en el que supuestamente algunos empresarios pagaron sobornos mediante la contratación de habitaciones.

Otros de los procesados fueron el excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, la sobrina de la expresidenta Romina Mercado y el empresario Lázaro Baez, cercano al kirchnerismo y ya en prisión preventiva desde 2016, y el hijo de este, Martín Báez. El magistrado impuso contra ellos embargos de hasta 800 millones de pesos (unos 32 millones de dólares) para cada uno, como en el caso de la expresidenta Fernández.

El conocido como "caso Hotesur" se centra en las actividades de esa empresa, que según el juez no contaba "con capacidad económica ni experiencia en el rubro", y cuya finalidad era otorgarle a los pagos de empresarios favorecidos con contrataciones de obra pública "apariencia de legítimos".

Los procesados "habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz (al sur del país y gobernada por el kirchnerismo)".