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Cristina Fernandez suma quinto proceso ante la justicia argentina

15 Mayo 2018EFE • Buenos Aires
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La expresidenta de Argentina (2007-2015) habla con la prensa a su salida de los tribunales federales de Buenos Aires en

La expresidenta de Argentina (2007-2015) habla con la prensa a su salida de los tribunales federales de Buenos Aires en

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) sumó ayer su quinto procesamiento judicial, esta vez por una causa de presunto lavado de activos y asociación ilícita por las operaciones que una de sus sociedades realizó con adjudicatarios de obra pública.

El juez federal Julián Ercolini procesó también a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner -entre otros-, copropietarios de la empresa Hotesur, que gestionaba un hotel en el que supuestamente algunos empresarios pagaron sobornos mediante la contratación de habitaciones.

Otros de los procesados fueron el excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, la sobrina de la expresidenta Romina Mercado y el empresario Lázaro Baez, cercano al kirchnerismo y ya en prisión preventiva desde 2016, y el hijo de este, Martín Báez. El magistrado impuso contra ellos embargos de hasta 800 millones de pesos (unos 32 millones de dólares) para cada uno, como en el caso de la expresidenta Fernández.

El conocido como "caso Hotesur" se centra en las actividades de esa empresa, que según el juez no contaba "con capacidad económica ni experiencia en el rubro", y cuya finalidad era otorgarle a los pagos de empresarios favorecidos con contrataciones de obra pública "apariencia de legítimos".

Los procesados "habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz (al sur del país y gobernada por el kirchnerismo)".

La compañía hotelera fue intervenida en marzo, después de que la exmandataria declaró en noviembre del año anterior, cuando negó todas las acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido plenamente legal.

Este caso se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada opositora Margarita Stolbizer.

Desde sectores, afines al kirchnerismo criticaron el momento elegido para la imputación, en medio de una delicada situación para el Gobierno de Mauricio Macri por el desplome del peso, que terminó en la petición de ayuda al Fondo Monetario Internacional. Pero este caso no es el primero que afecta a la expresidenta, quien desde el cambio de inquilino en la Casa Rosada, a finales de 2015, ya ha sido objeto de cinco procesamientos (instancia a la que se llega tras la acusación de un juez), es investigada en otras causas e incluso fue dictada una orden de prisión que no se pudo materializar.

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