La decisión de la justicia brasileña de bloquear de nuevo los bienes de Luiz Inácio Lula da Silva profundiza una "guerra jurídica con fines políticos" en su contra y dificulta la defensa del expresidente, encarcelado por corrupción, según denunció ayer el Instituto Lula.
El exmandatario, preso desde la noche del sábado 7, recibió un nuevo golpe judicial después de que un tribunal de San Pablo decidió bloquear una vez más sus bienes para saldar una deuda con el Estado por un supuesto desvío de finalidad de su Instituto.
Según la revista Época, la deuda llegaría a los 30 millones de reales (alrededor de 8.8 millones de dólares), aunque la defensa del exmandatario no confirmó el valor.
La justicia también embargó los bienes del Instituto Lula, los del presidente de la institución, Paulo Okamotto, y los de una empresa dedicada a la gestión de las conferencias del expresidente que gobernó Brasil entre 2003 y 2010.
Los bienes de Lula ya habían sido bloqueados en 2017 por el juez Sergio Moro, quien lo condenó en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la operación Lava Jato.
La pena impuesta por Moro fue ratificada y elevada a 12 años y un mes por un tribunal de segunda instancia, que consideró probado que Lula recibió un apartamento en una playa de San Pablo a cambio de favorecer a la constructora OAS durante su gestión. Por ese caso, Lula fue recluido en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba la noche del sábado 7, 48 horas después del decreto de prisión firmado por el juez Moro, responsable por la Lava Jato en primera instancia.
