La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió ayer un examen preliminar a Venezuela por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores.
Según la información recopilada por la Fiscalía de la CPI, agentes de seguridad del Estado utilizaron "con frecuencia" una "fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones" y detuvieron y encarcelaron "a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes".
Las protestas comenzaron cuando el Tribunal Supremo de Venezuela dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y sacaron a la calle a miles de personas en todo el país, sobre todo en Caracas.
El segundo punto importante del examen preliminar se refiere al trato recibido por los detenidos después de las manifestaciones, pues, según la Fiscalía, algunos de ellos fueron "presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato".
El foco principal de la evaluación se centra en los hechos ocurridos a partir de abril de 2017, pero no se descarta hacer indagaciones sobre sucesos violentos anteriores, dijeron fuentes del tribunal a EFE.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, reconoció también en un vídeo hecho público hoy que "algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos", que causaron lesiones y muertos entre miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas. Este examen preliminar no es una investigación plena, sino un paso previo para analizar la información disponible y determinar si existe fundamento razonable para seguir adelante.
A partir de ahora, la Fiscalía mantendrá contactos con las autoridades venezolanas para evaluar las investigaciones y enjuiciamientos relevantes llevados a cabo en su sistema jurídico nacional.
