Los interrogatorios fiscales a los que fueron sometidos ayer el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, y la líder opositora Keiko Fujimori cerraron un año marcado por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en Perú.
Kuczynski y Fujimori fueron interrogados, por separado y en estricto privado, por fiscales que investigan esas denuncias en el país, el primero en el Palacio de Gobierno y la segunda en las oficinas del Ministerio Público en el centro histórico de Lima.
El gobernante recibió durante cuatro horas, en condición de testigo, a un equipo de fiscales anticorrupción encabezado por Hamilton Castro, encargado de las investigaciones del caso.
En el encuentro, en el que también participaron el abogado del presidente, Gonzalo del Río, y el procurador para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, Kuczynski respondió por la información de que una empresa suya ofreció consultorías a la constructora brasileña entre 2004 y 2007, cuando era ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
Por este tema, un sector de la oposición en el Congreso presentó un pedido de destitución del gobernante, que finalmente fue archivado el jueves 21 gracias a que una parte del fujimorismo, liderado por el legislador Kenji Fujimori, se abstuvo de votar.
Durante el debate del pedido de destitución, Kuczynski afirmó que estaba dispuesto a colaborar con todas las investigaciones del Congreso y la Fiscalía.
FUJIMORI
Keiko Fujimori, por su parte, también fue interrogada ayer durante cinco horas por el fiscal para casos de lavado de activos José Domingo Pérez sobre una presunta financiación irregular de sus campañas electorales.
La líder del Fuerza Popular, partido que controla el Congreso, ingreso al edificio fiscal, en el centro histórico de Lima, mientras en la puerta principal un grupo de sus simpatizantes lanzaban arengas de apoyo.
