La Fiscalía de Bruselas pidió ayer ejecutar la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros al apreciar los cargos alegados por España, a excepción del de prevaricación, mientras que el juez ha fijado una nueva audiencia para el 4 de diciembre.

El juez belga de primera instancia que examina el caso ha citado nuevamente a las partes para que hagan sus alegatos en esa fecha, momento a partir del cual se espera una decisión entre ocho y diez días después, apuntó el entorno del expresidente de la Generalitat de Cataluña.

El Ministerio Público, que reveló su estrategia en la vista de hoy a puerta cerrada a la que los antiguos miembros del Gobierno catalán fueron citados a declarar, pidió la ejecución de los mandatos de entrega a España pero no por el cargo de prevaricación.

"El fiscal ha pedido la ejecución de las órdenes de arresto salvo por un hecho, que es el de prevaricación, tal y como está formulado en el mandato de arresto español", informó en una escueta declaración a la prensa uno de los abogados, Christophe Marchand.

"Por lo demás, cree que la calificación penal en el Derecho belga es la conspiración y la malversación por parte de funcionarios públicos", agregó.

Marchand, quien calificó la audiencia con el fiscal de "serena", indicó que los defensores de los acusados intercambiarán sus "argumentos escritos".

Otro de los abogados, el español Jaume Alonso Cuevillas, explicó que en la sesión de ayer empezó tomando la palabra el fiscal, "recordando que el principio general es el cumplimiento de las órdenes europeas de entrega y no su denegación".