El Gobierno español considera que las declaraciones ante la justicia de los parlamentarios secesionistas catalanes supone un regreso de todos ellos a la legalidad constitucional.
El ministro portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, mostró ayer esa convicción, en la misma jornada en la que abandonó una prisión madrileña la presidenta del Parlamento regional catalán, Carmen Forcadell, después de abonar una fianza de 150.000 euros (unos 174.000 dólares).
La medida de prisión eludible con fianza fue adoptada en la noche del jueves por un juez del Tribunal Supremo español contra Forcadell y otros cuatro diputados pertenecientes a la Mesa de la Cámara autonómica, donde el 27 de octubre fue aprobada una declaración unilateral de independencia, anulada por el Constitucional con posterioridad.
En el transcurso del interrogatorio, los parlamentarios secesionistas dijeron que esa declaración tuvo un valor únicamente simbólico, en absoluto jurídico, y mostraron acatamiento a las medidas adoptadas ese mismo día de octubre por el Gobierno español para restablecer la legalidad constitucional.
Entre ellas figuraban el cese del Gabinete catalán y la disolución del Parlamento regional, con la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Según fuentes jurídicas, en su última declaración ante el juez, tras conocer las peticiones de penas de la Fiscalía - prisión incondicional - Forcadell y sus cuatro compañeros rechazaron la vía unilateral que hasta ahora habían seguido para defender la vía independentista en Cataluña.
Mientras, los cuatro diputados disponen de una semana para abonar una fianza de 25.000 euros (unos 29.000 dólares) y evitar la cárcel, Forcadell no pudo reunir el jueves 9 la cantidad requerida, mucho mayor, y entró en prisión, aunque ayer cumplió la exigencia y dejó la cárcel.
