La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó ayer una "Ley contra el Odio" que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan "el fascismo".
La polémica ley fue expresamente solicitada por el presidente, Nicolás Maduro a la Constituyente oficialista para acabar con los supuestos mensajes de "odio" que según el oficialismo dispararon la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto y dejaron 120 muertos. "Quien públicamente (...) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años", establece el artículo 20 de la citada ley.
El texto -refrendado una vez más por unanimidad en la Constituyente oficialista- prevé también la posibilidad de castigar con penas de ocho a 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio, la misma medida que se aplicará al personal sanitario que discrimine a la hora de prestar atención.
La ley permitirá prohibir e inhabilitar para las elecciones a los partidos políticos que "promuevan el fascismo" y los demás "delitos de odio" ya mencionados. Maduro, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, y el resto de primeras espadas del oficialismo tachan a menudo de "fascistas" a los partidos de la oposición, a los que se refieren habitualmente como "derecha apátrida".
Con las disposiciones aprobadas hoy jueves, la Constituyente -un suprapoder instaurado por el oficialismo que no reconoce ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional- obliga a los medios de comunicación públicos y privados a difundir contenidos avalados por el Estado que estimulen "la diversidad" y "la tolerancia".
