El Gobierno español ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue los costes del referéndum ilegal de "autodeterminación" del 1 de octubre pasado en Cataluña y se reclamen, en su caso, las indemnizaciones que procedan al expresidente regional Carles Puigdemont y a todos sus exconsejeros.

Puigdemont y cuatro de los exconsejeros que abandonaron el país para irse a Bruselas y ahora están en situación de libertad condicional en Bélgica, donde están reclamados por la justicia española por posibles delitos en relación con el proceso independentista en Cataluña. "Todo esto acabará en los tribunales internacionales, acudiremos a ellos, llegaremos hasta el final y el Estado español pasará vergüenza", auguró Puigdemont ayer en una entrevista radiofónica.

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, replicó, en declaraciones a la prensa, que el Ejecutivo no tiene tiempo para contestar a "cada ocurrencia" del expresidente catalán, que "vive en la improvisación constante".

La situación en Cataluña es ya el segundo problema que más preocupa a los españoles, detrás del desempleo, según una encuesta oficial del Centro de Estudios Sociológicos (CIS) efectuada entre el 2 y el 11 de octubre. Según confirmaron ayer a EFE fuentes del Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda envió un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para pedir que se aclare el uso de fondos públicos en el referéndum citado.

Hacienda pide que se determinen las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por el anterior gobierno catalán -destituido por el Ejecutivo central el 27 de octubre- para la organización y celebración del referéndum y concretar cuánto costó.

En concreto, se quieren aclarar todos los fondos públicos destinados a tal fin, incluidas las subvenciones que recibieron las entidades sociales independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, también denunciadas ante el Tribunal de Cuentas. Una vez que se determinen los perjuicios para el erario público, el Gobierno plantea que se reclame a los exgobernantes independentistas catalanes "las indemnizaciones procedentes" tras el correspondiente "procedimiento de responsabilidad contable".