La renuncia ayer de la fiscal general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, afectada en una causa por presunta corrupción, era reclamada por el Gobierno de Mauricio Macri, que la acusaba de no ser imparcial y de militar en el kirchnerismo.
Gils Carbó presentó ayer lunes su dimisión al presidente argentino, con efectos a partir del 31 de diciembre próximo.
Desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, a finales de 2015, el Ejecutivo reclamaba la renuncia de la procuradora, nombrada en su cargo en 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) y avalada por el Congreso, pero Gils Carbó había resistido en su puesto.
Los pedidos públicos para que dimitiera se avivaron semanas atrás, a partir de la decisión de un juez de procesar a la fiscal general, pero el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del día 22 parecen haber movido definitivamente a Gils Carbó a dejar su cargo.
En su carta de dimisión, Gils Carbó aseguró que ha trabajado "incansablemente" para "jerarquizar" la Procuración General como institución "independiente y autónoma" y que desde su gestión ha "profundizado la transformación" del Ministerio Público Fiscal.
Ante la posibilidad de que el Ejecutivo impulse una reforma para, entre otras cosas, poner un plazo a la gestión del titular de la Procuración General, Gils Carbó dijo estar "persuadida" de que su permanencia en el cargo "redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal".
"Con la esperanza de que esta decisión disuada reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de justicia, doy por finalizada mi labor en el Ministerio Público Fiscal", expresó.
Tras la presentación de la renuncia, el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, afirmó que el Gobierno "valora" que la procuradora "haya dado un paso al costado".
