Un juez argentino decidió ayer abrir un proceso penal contra la fiscal general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, por presunta "administración fraudulenta" en perjuicio del Estado por la compra de un inmueble por parte del Ministerio Público en 2013, informaron fuentes jurídicas.
Además de procesar a Gils Carbó y otros cuatro imputados, el magistrado Julián Ercolini ordenó cuantiosos embargos sobre los bienes de todos ellos, que en el caso de la procuradora nacional ascienden a siete millones de pesos (401.849 dólares).
Ya el pasado 31 de agosto, Gils Carbó, que mantiene un enfrentamiento con el Gobierno de Mauricio Macri -que la considera militante del kirchnerismo- negó el declarar ante el juez que se beneficiara de la compra del edificio y pidió ser sobreseída del caso. En un dictamen, Ercolini comunicó el procesamiento de la jefa de los fiscales por considerarla "coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".
