El presidente brasileño, Michel Temer, quedó ayer más cerca de librarse de los nuevos cargos de corrupción formulados por la Fiscalía, después de que el instructor del caso en la Cámara Baja consideró que existe una "notoria falta de pruebas".
En un informe repleto de duras críticas al Ministerio Público y al Poder Judicial, el diputado Bonifacio Andrada, instructor del caso en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Baja, recomendó que las nuevas acusaciones contra el mandatario sean archivadas, así como ocurrió con una primera denuncia por corrupción pasiva rechazada por el Congreso en agosto pasado. Temer ha sido acusado ahora por la Fiscalía de obstrucción a la justicia y asociación ilícita sobre la base de unos testimonios prestados por los dueños del grupo cárnico JBS en el marco de un acuerdo de cooperación judicial.
Aunque ese convenio fue anulado por la propia Fiscalía después de que se comprobó que los declarantes habían omitido o falseado parte de la información, las supuestas pruebas obtenidas contra Temer han sido consideradas válidas hasta ahora por el Ministerio Público, pero no por la defensa del mandatario ni ahora por el instructor. Según declaró Andrada, la acusación "no tiene respaldo", no ha sido "debidamente probada" y algunos elementos en que se apoya son fruto de testimonios que están en tela de juicio, como los de los ejecutivos de JBS, a los que "no se les puede conferir valor" legal.
"Por todo eso, se impone la suspensión del proceso", declaró. Andrada indicó además que muchas de las supuestas irregularidades relatadas en la denuncia datan de fechas anteriores a mayo de 2016, cuando Temer asumió el poder una vez que comenzó el juicio político que llevó a la destitución de Dilma Rousseff. En ese marco, citó que la Constitución brasileña impide en forma expresa que un presidente en ejercicio del poder sea sometido a un juicio penal por hechos ocurridos antes del inicio de su mandato, que en ese caso solo pueden ser juzgados una vez que deje el cargo.
