El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, concluyó ayer su mandato después de cuatro años en los que ha emprendido una cruzada contra la corrupción y ha acorralado a los principales políticos del país, incluido el presidente Michel Temer, contra quien ha presentado dos denuncias.
Janot puso punto y final a una intensa labor que comenzó en 2013 y que se aceleró en la recta final de su mandato, cuando ofreció acusaciones a diestra y siniestra contra legisladores de todo el arco partidario.
El fiscal, de 61 años, colocó en su punto de mira a un amplio abanico de formaciones: desde el Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, hasta el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) de Michel Temer, lo que le ha valido duras críticas de parlamentarios en ambos bandos.
Con fama de implacable, a Janot no le tembló el pulso a la hora de presentar la primer acusación por delito penal contra un presidente en ejercicio de poder en Brasil, causando un terremoto político en el país.
La primera denuncia contra Temer por corrupción fue rechazada a comienzos de agosto por la Cámara Baja, que por normas constitucionales debe avalar el inicio de un juicio contra un presidente.
La segunda, presentada esta semana por Janot por los delitos de obstrucción a la justicia y asociación para delinquir, todavía está siendo analizada por el Supremo, que deberá decidir si la envía o no al Congreso, donde Temer por el momento cuenta con amplio apoyo.
Las duras acusaciones se apoyan en confesiones realizadas por los hermanos Batista, dueños del grupo cárnico JBS, quienes aseguraron en el marco de una "delación premiada" que sobornaron a Temer durante años, incluso después de asumir la presidencia en 2016, cuando la expresidenta Dilma Rousseff fue destituida.
El acuerdo de los socios de JBS con la justicia fue ampliamente cuestionado por la inmunidad otorgada a los Batista y añadió una fuerte presión sobre Janot, especialmente en las últimas semanas de su mandato, cuando el fiscal reveló públicamente que los hermanos habían ocultado información durante la confesión. La revelación de la omisión de la información llevó al magistrado del Supremo Edson Fachin a suspender los beneficios de los delatores de JBS, ahora presos, y ha sido aprovechada por varios de los políticos acusados de recibir sobornos para desacreditarle.
