La nueva denuncia por corrupción que amenaza al presidente de Brasil, Michel Temer, está desde ayer en manos del Supremo, que decidirá si remite el caso a un Congreso que en agosto ya se negó a avalar un juicio contra el actual gobernante.
La Corte Suprema deberá definir el trámite que será seguido tras los duros cargos presentados por la Fiscalía General contra Temer y otros importantes dirigentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD), entre los que figuran dos ministros del Gobierno.
Parte de la acusación, por los supuestos delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, se apoya en confesiones hechas por los dueños del grupo JBS, que han dicho que sobornan desde hace años a Temer y a otros líderes del PMDB, en el poder desde mayo de 2016, cuando empezó el juicio que desalojó del Gobierno a Dilma Rousseff.
La justicia, sin embargo, ha anulado esos testimonios tras comprobar que en el acuerdo que libró de la cárcel a los dueños de JBS estos omitieron u ocultaron información, pero aún así la Fiscalía sostiene que las "pruebas" recogidas pueden ser utilizadas.
La defensa de Temer ha contestado esa tesis y exigido al Supremo que, así como anuló esos testimonios, invalide toda la documentación obtenida en ese proceso.
El magistrado Edson Fachin, instructor del caso en el tribunal, ha decidido someter esa apelación al pleno de la corte, que tiene previsto debatir el asunto el próximo miércoles.
