El Gobierno español intervino ayer las cuentas del Ejecutivo catalán y asumió el pago de los servicios esenciales en la región, con el objetivo de garantizar que no se desvíen fondos al referéndum independentista, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Según el acuerdo adoptado ayer por el Gobierno español, el Estado asumirá los pagos "esenciales" del Gobierno catalán para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos.