La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada por personas afines al Gobierno chavista, ratificó ayer a los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fueron destituidos por el Parlamento opositor e impugnados por la exfiscal Luisa Ortega.

Se decreta "ratificar en el ejercicio de sus funciones constitucionales a los magistrados y magistradas principales del Tribunal Supremo de Justicia sin perjuicio de otras medidas que puedan ser adoptadas por esta magna Asamblea Nacional Constituyente (ANC)", dijo el Constituyente Aristóbulo Istúriz. La decisión fue tomada minutos después de que el presidente del TSJ, Maikel Moreno, se subordinara a la Constituyente que alega su carácter plenipotenciario para ordenar esta ratificación. La Constituyente pidió al Poder Judicial "presentar con urgencia (...) las propuestas de medidas, acciones y normas necesarias para continuar incrementando y profundizando el respeto y garantía del derecho a una justicia gratuita, accesible, imparcial", así como para "el mejor funcionamiento del poder judicial".

Según el decreto de la Constituyente, el TSJ ha desplegado "grandes esfuerzos" para resguardar los "altos fines del Estado", los valores constitucionales y la garantía de los derechos humanos.

 El 21 de julio, el Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, designó a 33 magistrados "legítimos" para sustituir a la misma cantidad de jueces nombrados por el Legislativo anterior, controlado por el chavismo, debido a que, según aseguró la Cámara, fueron juramentados de forma irregular. Ante este nombramiento de jueces paralelos, el TSJ pidió que se aplicaran "acciones de coerción", tanto contra el Parlamento como contra los magistrados designados, a quienes calificó de "usurpadores" y varios de los cuales han sido detenidos o han abandonado el país para evitar ser apresados.