El Gobierno venezolano activó ayer unidades especiales para detener a diez de los implicados en el asalto a un fuerte militar en el centro del país la víspera y que huyeron con un lote de armas, anunció ayer lunes el ministro de la Defensa.
El ataque en Valencia elevó aún más las tensiones en medio de la crisis política en el país sudamericano agudizada tras la instalación de la Asamblea Constituyente, que ahora amenaza con ir contra los diputados opositores que retomaron el lunes sin dificultades sus sesiones en el Congreso.
En un comunicado leído al país, el general en jefe Vladimir Padrino López confirmó ayer la detención de ocho personas, entre ellas el primer teniente Oswaldo Gutiérrez, a los que acusan de participar en el ataque al fuerte Paramacay, en el estado Carabobo.
En el asalto al fuerte militar fallecieron dos personas y tres militares resultaron heridos, entre ellos un teniente que recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en cuidados intensivos.
Entre los buscados figura el excapitán de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano, quien apareció junto a una decena de uniformados en un vídeo difundido el 6 de agosto en las redes sociales, en la que llama a una acción cívica y militar para "reestablecer el orden constitucional".
Caguaripano tiene orden de captura desde 2014 tras ser acusado por un tribunal militar de participar en un plan conspirativo para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Padrino López dijo que también buscan al primer teniente Yeferson García, quien era responsable del parque de armas del fuerte Paramacay. Afirmó que los atacantes actuaron como "mercenarios pagados desde Miami por grupos de extrema derecha ligados a la oposición y a gobiernos extranjeros".
La Asamblea Nacional. de mayoría opositora, retomó ayer, por su parte, las sesiones en medio de las amenazas de la Asamblea Constituyente, que controla el oficialismo, de tomar acciones contra los opositores que promovieron las protestas antigubernamentales de los últimos cuatro meses, que dejaron, al menos, 122 fallecidos y casi 2.000 heridos.
En la sesión, la diputada Delsa Solórzano ratificó la postura de la coalición opositora de desconocer la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que acordó el 5 de agosto la Asamblea Constituyente.
