Un juez ordenó ayer que se designe a dos profesionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (Afip) como "veedores" de la empresa Hotesur, propiedad de la expresidenta argentina Cristina Fernández, en el marco de una investigación por lavado de activos.
Esta decisión del magistrado federal Julián Ercolini se enmarca en uno de los expedientes por presunta corrupción que afectan a la exjefa de Estado, que trata determinar si hubo supuestos retornos económicos a la familia Kirchner por parte de empresarios de la obra pública como Lázaro Báez a través de la contratación de instalaciones de hotel Alto Calafate, que gestiona la hotelera Hotesur.
A través de una resolución, Ercolini libró ayer un oficio a la Afip -el fisco argentino- para que se designe a esos inspectores, que durante seis meses deberán procurar la fiscalización de Hotesur y otras firmas vinculadas al caso, así como determinar el estado de los bienes que poseen esas empresas y las actividades que realizan.
También deberán vigilar la conservación del activo y "cuidar que los bienes que posean no sufran deterioro o menoscabo", pero también "comprobar entradas y gastos" y "toda irregularidad" que adviertan en la administración.
"También tendrán que informar de inmediato si se verifica la extracción por parte de los socios de dinero como crédito con la sociedad y/o adelantos o retiros de caja chica", añade el informe de Ercolini. El juez decretó la inhibición (bloqueo) general de bienes respecto de las firmas Valle Mitre -perteneciente a Báez- e Idea -propiedad del empresario Osvaldo Sanfelice-, y prohibió la modificación de la composición accionarial de las mismas y de Hotesur.
La investigación está orientada a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida "desde las más altas autoridades" del Poder Ejecutivo, en primer término por el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y luego por Fernández, su esposa, que gobernó de 2007 a 2015. Según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, ambos expresidentes durante sus mandatos, conjuntamente con funcionarios del Estado "y un reducido número de empresarios amigos", entre ellos Báez, "se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos".
