La validez probatoria de la confesión del grupo Odebrecht, que admitió haber financiado ilegalmente la campaña electoral de la destituida Dilma Rousseff y el mandatario Michel Temer, atascó ayer el juicio que puede desalojar al gobernante.

El proceso que tramita en el Tribunal Superior Electoral sobre la presunta financiación ilegal de esa campaña de 2014 dedicó casi toda la sesión de ayer a analizar el rol de Odebrecht en esos hechos, pero sobre todo puso en tela de juicio la validez de la confesión, aunque sin llegar a conclusiones. En los testimonios que prestaron a la justicia, los exdirectivos de Odebrecht confesaron que el grupo entregó al menos 150 millones de reales (hoy 45 millones de dólares) para la campaña de la formula Rousseff-Temer.