Una nueva confesión sobre el pantano de corrupción en que parece haberse sumergido Brasil agravó ayer la ya delicada situación del presidente, Michel Temer, y alcanzó además a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.

Esta vez, las revelaciones partieron de los directivos del grupo JBS, que en un acuerdo de cooperación judicial confesaron que pagan sobornos a Temer desde 2010 y que, desde el año 2005, distribuyeron entre Lula y Rousseff la suma de 80 millones de dólares, siempre por los "favores" realizados desde sus posiciones de poder.

En el caso de Temer, esas sospechas atizan el fuego de una crisis que comenzó el miércoles 17 justamente con las primeras filtraciones sobre la declaración de JBS, una de las mayores empresas cárnicas del mundo, que ha llevado a toda la oposición y hasta a sectores del oficialismo a exigir la renuncia del mandatario.

Temer reaccionó con energía frente a esas sospechas y afirmó que no renunciará y que comprobará su inocencia ante la justicia en un mensaje a la nación transmitido este jueves, que ha sido hasta ahora su única aparición pública desde que estalló el escándalo.

Los testimonios difundidos por la Corte Suprema salpican además a cuatro ministros del actual Gobierno, a decenas de parlamentarios y a dos gobernadores, y se conocen en momentos en que la base política de Temer se resquebraja en medio de dudas sobre su honestidad.

El Supremo también informó de que la investigación que ha abierto contra el presidente se sustenta en su presunta participación en los delitos de obstrucción judicial y corrupción pasiva, y tiene como base las declaraciones de los directivos de JBS.

Sobre Temer, uno de los dueños de la empresa, Joesley Batista, afirmó que le paga sobornos desde 2010 y que, entre ese año y 2011, llegó a entregarle una "mesada" de 100.000 reales (hoy unos 29.500 dólares) por diversos "fav ores" en el Ministerio de Agricultura.