La ONU pidió ayer a los países implicados de forma directa o indirecta en la guerra siria que dejen de financiar y proporcionar armas a los beligerantes. También hizo un llamamiento para que los crímenes contra la humanidad cometidos a lo largo de seis años de conflicto sean juzgados.

La comisión de la ONU que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas en Siria, presidida por el brasileño Paulo Sérgio Pinheiro, expuso su último informe sobre las violaciones cometidas en Siria, en este caso entre julio de 2016 hasta febrero. El informe atribuye al régimen y a sus aliados ataques aéreos con bombas incendiarias, con gas cloro y bombas de racimo, así como de proseguir con la destrucción de infraestructuras civiles, como hospitales, escuelas y plantas de agua.

A su vez, la comisión acusa a los grupos armados de lanzar ataques contra civiles y como consecuencia "docenas" de ellos han resultado muertos o heridos de gravedad.

El equipo dirigido por Pinheiro acusa también, aunque no nombra a todos, a "países terceros" que apoyan de forma directa o indirecta a las partes enfrentadas en el conflicto sirio.

Damasco cuenta desde hace meses con el apoyo de las Fuerzas Aéreas rusas y con fuerzas terrestres -en su mayoría milicias iraníes, iraquíes, yemeníes y afganas- con las que "empezó tácticas brutales para forzar a los grupos armados a rendirse".

Turquía tiene soldados desplegados que luchan contra los terroristas del Estado Islámico (EI), y EE.UU., Arabia Saudí y Catar, entre otros, financian y arman a varios grupos rebeldes.