El Gobierno de Donald Trump estableció ayer nuevas directrices para reforzar el control migratorio en EE.UU., con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes.
"El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EE.UU.", subraya el documento con los nuevos ejes de política migratoria. El memorando, divulgado hoy y firmado por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, supone en la práctica un cambio de 180 grados respecto a las políticas del expresidente Barack Obama y abre la puerta a las deportaciones masivas en EE.UU. de inmigrantes indocumentados.
En concreto, precisa que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan "abusado" de los beneficios públicos o que, "a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional". "El Departamento de Seguridad Nacional", agrega el memorando, "ya no eximirá clases o categorías" de extranjeros indocumentados de "una potencial aplicación de la ley". Mientras siguen las protestas contra Trump, el portavoz presidencial, Sean Spicer, dijo ayer que el objetivo "es dar más autoridad a la agencia federal para hacer cumplir leyes migratorias" y recordó que "todo el mundo que está aquí ilegalmente puede ser deportado en cualquier momento".
Obama marcó como prioridad la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales e historial criminal, y dejaba de lado a los inmigrantes indocumentados con violaciones menores de la ley, como conducir sin licencia o tener una luz rota del coche. El Gobierno de Trump, no obstante, reconoce la falta de recursos, por lo que ordena la contratación de 15.000 nuevos agentes encargados del control migratorio y otorga mayores poderes para que agentes estatales y locales colaboren en estas labores. Desde la oposición demócrata y los grupos de defensa de inmigrantes, las críticas a las nuevas directrices migratorias no se hicieron esperar. La senadora demócrata Catherine Cortez Masto, la primera latina en la Cámara Alta, atacó en su cuenta de Twitter las "deportaciones masivas como moralmente reprobables y antiestadounidenses". En la misma línea se expresó el senador demócrata Dick Durbin, quien urgió a "un examen público en el Congreso de estas políticas de mano dura y antifamilias".
