Unas 150.000 personas, según la televisión pública rumana, exigen ayer en Bucarest la dimisión del Gobierno socialdemócrata del país, después de que aprobó el lunes 31 de enero un decreto de emergencia que despenaliza algunos casos de corrupción.

Lemas como "Retirad el decreto y dimitid" y "Ladrones" son coreados por miles de personas ante la sede del Ejecutivo, mientras que otros manifestantes llevan carteles en los que califican al gabinete de "traidor".

Los medios rumanos informaron de que unas 150.000 personas también protestan en otras ciudades del país balcánico, como Timisoara, Cluj o Sibiu. "No creo que en Europa exista algo parecido a esto. No nos iremos hasta que el Gobierno lo derogue (el decreto)", dijo a Efe Florin Toma, uno de los manifestantes.

La concentración se desarrolló sin mayores incidentes, aunque un pequeño grupo lanzó bengalas a la Policía y esta respondió con agua a presión.

Las protestas se producen después de que el Gobierno aprobó la noche del lunes 31 un decreto ley por vía de urgencia con el que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado menores a 44.000 euros (47.370 dólares).

En los casos por debajo de esa cifra se iniciarán procedimientos administrativos y civiles para recuperar el dinero y castigar a los responsables.

El decreto ley del Gobierno del primer ministro, Sorin Grindeanu, quien llegó al cargo a principios de mes, ha generado fuertes críticas dentro y fuera del país y ha provocado las mayores protestas callejeras desde la caída del comunismo en Rumanía en 1989.

La oposición de centroderecha anunció ayer una moción de censura, el principal órgano judicial prepara un recurso contra la medida y el presidente del país, Klaus Iohannis, ha pedido la intervención del Tribunal Constitucional.

La Comisión Europea se mostró ayer "muy preocupada" por la medida y los analistas consideran que esta ley supone el mayor retroceso en la lucha contra la corrupción desde que Rumanía ingresó en la Unión Europea en 2007.