Una nueva matanza perpetrada en una cárcel brasileña puso en jaque las diferentes medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para contener los motines provocados por guerras entre facciones criminales y en los que más de una centena de presos han muerto durante la primera quincena del año.
La muerte por lo menos de 30 presos la noche del sábado 14 en la Penitenciaria Estatal de Alcaçuz, en la ciudad de Nisia Floresta, región metropolitana de Natal y la mayor cárcel del nororiental estado de Río Grande do Norte, levantó una vez más la bandera de la crisis carcelaria agravada en los últimos días.
El más reciente motín, que duró más de catorce horas y terminó cuando la Policía Militarizada irrumpió en el presidio para retomar el control, se produjo pocos días después de que el Gobierno y varios organismos han intensificado sus acciones y planes para contener la crisis y evitar más masacres.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el jueves al Gobierno de Brasil "acciones concretas" contra la violencia en sus cárceles, tras la muerte de mas de un centenar de personas en sucesos ocurridos en centros de detención de los estados de Amazonas y Roraima (norte) y Paraiba (nordeste). La primera medida inmediata tomada por el Gobierno fue el envío esta semana de la Fuerza Nacional, un cuerpo de elite de la Policía, a los estados de Roraima y Amazonas, donde se registraron las más cruentas rebeliones, y a otros que solicitasen el apoyo federal.
La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Carmen Lucia Antunes, pidió también el jueves durante un encuentro con los titulares de los tribunales regionales un "esfuerzo concentrado" a los estados del país para acelerar el análisis de los procesos penales de los presos.
El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, reconoció el mismo jueves que el "mayor problema" de las cárceles del país "es la corrupción".
