El Gobierno de Turquía, amparado en el estado de emergencia que rige desde el intento de golpe de Estado de julio, decretó ayer la expulsión de unos 15.000 funcionarios, la mitad de ellos policías, y el cierre de 375 asociaciones sociales y culturales y de nueve medios de comunicación.
En todos los casos, el Ejecutivo consideró que las personas o entidades castigadas tenían "vínculos con una organización terrorista o formaban parte de una estructura cuyo fin es realizar actividades contrarias a la seguridad del Estado".
El decreto publicado ayer en el Boletín Oficial de Estado no nombra a las organizaciones subversivas, pero en el caso de funcionarios y policías destituidos, la prensa turca da por hecho que se trata de la red de supuestos simpatizantes del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que Ankara tiene por instigador de la asonada de julio.
Un total de 7.500 agentes de la Policía y 400 del cuerpo de Gendarmería, así como casi 1.900 militares han sido destituidos de forma definitiva.
