El presidente la Asamblea Nacional (AN), el opositor Henry Ramos Allup, envió ayer al presidente Nicolás Maduro la convocatoria a declarar ante el Parlamento, después de que el martes 25 la Cámara aprobó iniciar un proceso para determinar su responsabilidad en la "ruptura del hilo constitucional".
"Enviamos a Miraflores (palacio presidencial) una correspondencia que fue recibida en fecha del 27 de octubre de 2016; lo citamos de acuerdo con el artículo 127 numeral tres, para que concurra en la sesión del próximo martes a las 3.00 de la tarde", dijo Ramos Allup al finalizar la sesión de este jueves 27.
El martes 25, el jefe de la bancada opositora, el diputado Julio Borges, informó que la citación al mandatario venezolano es para que "responda todas las argumentaciones y acusaciones" presentadas en su contra y para que "con el respaldo del pueblo venezolano, demuestre que se somete a la Constitución y al Parlamento".
La AN celebró una sesión especial el pasado domingo en la que se aprobó un acuerdo que declara que el jefe de Estado venezolano y los poderes Judicial y Electoral han roto el hilo legal de la Constitución del país caribeño, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendiera el proceso de referendo revocatorio presidencial.
Durante esa sesión, el Parlamento asumió su responsabilidad de "restituir la democracia", según Borges. Para determinar la responsabilidad de Maduro, el Legislativo dio ayer la palabra a algunos ciudadanos y a una representante de un sindicato "en pro de la defensa de la Constitución y el rescate de la democracia", según la AN.
Los ciudadanos Brigit Duarte y José Gregorio Rada se presentaron como "víctimas de las OLP (Operación de Liberación del Pueblo - despliegues policiales para combatir el crimen organizado)", pues aseguraron ante la Cámara que sus hijos, que recalcaron que eran inocentes, murieron en una de estas operaciones.
Otra ciudadana de nombre Sol Guerra aseguró que a sus manos nunca ha llegado una bolsa de alimentos de los denominados CLAP (Comité Locales de Abastecimiento y Producción), que distribuye el chavismo en las zonas populares, sólo porque piensa diferente. También intervino la coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Marcela Máspero, quien aseveró que las empresas que han sido expropiadas se encuentran en manos de los militares y que el 95 por ciento de ellas no están produciendo.
Susana Álvarez, madre de una bebé de seis meses que murió en el Hospital de niños J.M. de los Ríos, uno de los centros de salud de referencia en el país, afirmó que los niños están muriendo por la falta de materiales médicos y medicamentos.
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