El Tribunal Superior de Londres celebró ayer la primera sesión de un proceso que determinará si el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, tiene legitimidad para ejecutar el "brexit" sin el permiso explícito del Parlamento.
Diversos ciudadanos han iniciado un procedimiento que obliga a los jueces a examinar el alcance de los poderes constitucionales del Ejecutivo y que, de prosperar, obligaría a May a someter a votación la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia la desconexión con la Unión Europea (UE).
Los abogados contratados por la empresaria Gina Miller y un grupo autodenominado "People's Challenge" (El desafío del pueblo), que ha recogido fondos de miles de personas a través de internet, argumentaron en contra del Gobierno ante los tres magistrados del tribunal.
La ambigüedad del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece que un Estado puede dejar la Unión Europea "de acuerdo con sus propios requerimientos constitucionales", ha llevado a un desacuerdo entre los expertos legales en un país que no tiene constitución escrita.
El proceso "pone de manifiesto un problema de importancia constitucional en relación a los límites del poder del Gobierno", sostuvo el abogado David Pannick, para quien la Prerrogativa Real que autoriza a la primera ministra a tomar decisiones en nombre de la soberana británica no es suficiente en este caso.