Corpesca, una de las pesqueras más grandes de Chile, controlada por el grupo Angelini, fue imputada ayer formalmente por el IV Juzgado de Garantía de Santiago por el pago irregular a políticos y parlamentarios entre los años 2009 y 2013, informaron fuentes judiciales.
La empresa fue formalizada como persona jurídica y las sanciones que puede afrontar van desde multas hasta su disolución, pasando por la prohibición de suscribir contratos con el Estado, explicó Julio Contardo, fiscal jefe de la región del Biobío, que tiene a su cargo el caso. En representación de la firma asistió a la audiencia su gerente general, Arturo Natho Gamboa, a quien se le comunicó que la pesquera es investigada por no contar con mecanismos para impedir los pagos de sobornos a políticos.
En el caso están procesados, de forma individual, el senador derechista Jaime Orpis, la exdiputada Marta Isasi y el exgerente general de la empresa, Francisco Mujica, mientras también es investigado Pablo Longueira, exministro de Economía en el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014). De acuerdo con las investigaciones, Corpesca entregaba dinero a los parlamentarios para que cabildearan a favor.