El Senado brasileño declaró abierta ayer la primera sesión de la fase final del juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, que concluirá la semana próxima y en la que inicialmente escuchará a testigos de la acusación y la defensa.
"El Senado está reunido para actuar como órgano juzgador, con la grave responsabilidad constitucional de decidir sobre una presidenta elegida por el voto popular, para condenar o absolver", declaró el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandoski. "Los senadores se convierten ahora en verdaderos jueces y, por tanto, deben dejar de lado sus preferencias políticas y personales (para) actuar con la máxima exención y objetividad (y evitar) todo comportamiento que pueda suponer favoritismo o predisposición (en relación al caso)", añadió.
La sesión comenzará con testimonios de fiscales del Tribunal de Cuentas, órgano auditor del Estado que detectó las irregularidades en la gestión de los presupuestos que llevaron a la apertura de este proceso que, entre el martes y miércoles, concluirá con una decisión final sobre el destino de Rousseff.