Miles de jueces están en prisión preventiva en Turquía, acusados de vínculos con las redes responsables del fallido golpe militar del 15 de julio, pero sin pruebas de delitos concretos y con enormes restricciones en su defensa legal, denuncian juristas turcos.
Más de 2.700 jueces y fiscales fueron detenidos el mismo sábado 16, horas después de evidenciarse el fracaso del golpe, y según las últimas cifras oficiales, difundidos hace diez días, casi 1.700 han pasado a prisión preventiva.
Los detenidos "se enfrentan a dos acusaciones: ser miembro de una organización terrorista y conspirar para derrocar el Gobierno", explicó en conversación con Efe el abogado Elkan Albayrak, colegiado en Estambul, que representa a varios jueces y fiscales detenidos.
La "organización terrorista" hace referencia a la cofradía de Fethullah Gülen, un predicador que reside desde 1999 en Estados Unidos y al que Ankara acusa de ser el cerebro del golpe, aunque él lo niega.
En el escrito de acusación consta la ley que los sospechosos habrían vulnerado, "pero no se dice qué exactamente han hecho, ni se aporta prueba alguna, ni siquiera hay un dossier individual, sólo hay un supuesto delito y una lista de nombres de personas acusadas de haberlo cometido", denuncia Albayrak. El propio presidente, Recep Tayyip Erdogan, admitió que las detenciones se pudieron realizar de forma tan rápida tras el golpe porque el Gobierno tenía "inteligencia previa", en referencia a información relativa a los sospechosos, aportada por los servicios secretos.
"Es un acusación basada en la denuncia de un informante, en lo que les ha dicho un agente, es decir, que refleja una opinión personal", lo describe Albayrak.
Como máximo hay "grabaciones de las llamadas de teléfono durante los últimos diez años, que no son escuchas, sólo indican con quién el sospechoso habló cuanto tiempo, y si entre estos interlocutores había alguien de la cofradía, sirve para acusar. También es incriminatorio si por la ubicación del teléfono móvil se pudo detectar la presencia de un miembro de la cofradía a menos de cinco metros, por ejemplo, en una cafetería", abunda el abogado.
También la ONG internacional Human Rights Watch (HRW) denuncia en un informe que durante las comparecencias en las que los jueces acusados fueron enviados a prisión preventiva, no hubo interrogatorio que sirviera para establecer la comisión de un delito.
Lo máximo que se les preguntaba a los detenidos era en qué colegio habían estudiado.
