El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva es desde ayer reo de la justicia, después de que un tribunal aceptó la denuncia de que intentó comprar el silencio de uno de los implicados en las corruptelas en la estatal Petrobras.
Los cargos fueron aceptados a trámite por el juez federal Ricardo Leite, de Brasilia, un día después de que Lula acudió, por medio de sus abogados, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para denunciar que es víctima de lo que consideró como una "persecución política y judicial" en Brasil.
Junto con Lula, el juez procesará a al exsenador del Partido de los Trabajadores (PT) Delcidio Amaral, y a su asesor Diogo Ferreira, al banquero André Esteves, al empresario José Carlos Bumlai y a su hijo Mauricio Bumlai, así como al abogado Edson Ribeiro.
En todos los casos, la acusación se refiere a supuestas maniobras para intentar evitar que el exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, detenido por los escándalos en esa empresa estatal, aceptara un acuerdo de cooperación judicial que implicaría confesar todo lo que sabía al respecto y delatar a los miembros de la red de corrupción. La base del proceso está precisamente en un acuerdo similar que el exsenador Amaral pactó con la Justicia tras ser detenido por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras. Amaral, en esa declaración, denunció que Lula le encargó pagar 250.000 reales (unos 77.000 dólares) para "comprar el silencio" de Cerveró.
Amaral, quien era el jefe del oficialismo en el Senado, también implicó en ese asunto a la presidenta Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el 12 de mayo para responder a un juicio de destitución, quien no fue citada en el proceso iniciado ayer por el juez Leite. En su declaración ante la justicia, Amaral también precisó que el plan de soborno a Cerveró incluía facilitar su "fuga" del país, que el propio exsenador recomendó que fuera rumbo a Europa.