El primer decreto emitido por el Gobierno turco al amparo del estado de emergencia, vigente desde el jueves, es el cierre de más de 2.300 instituciones, sobre todo colegios privados, vinculadas a las redes de seguidores del predicador islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara responsabiliza del fallido golpe militar del 15 de julio.
Aunque Gülen, que vive desde 1999 en Estados Unidos, ha negado toda implicación, el Gobierno turco insiste en que es "obvio" que la asonada fue obra de sus simpatizantes, a los que describe como "miembros de la Organización Terrorista Fethullah Gülen (FETÖ)".
Desde la misma mañana del sábado 16 en la que fracasó el golpe, el Gobierno inició una purga de gran envergadura en la Administración que se extiende al sector privado.
El decreto publicado ayer en el Boletín Oficial ordena la clausura de 35 hospitales privados, 1.043 colegios privados y hogares de estudiantes, 1.229 fundaciones, 19 sindicatos y 15 universidades privadas.
"Todas esas instituciones cerradas pertenecen a la FETÖ, sin duda. No hay otro grupo afectado por esta decisión y no lo habrá", dijo hoy el viceprimer ministro Nurettin Çanikli en la televisión CNNTürk, y precisó que los centros confiscados serán gestionados por el Estado.
La cofradía de Gülen, también conocida como 'Hizmet' (Servicio) o 'Cemaat' (Comunidad), lleva muchos años implantada en la vida económica y social de Turquía, sobre todo en el sector educativo, pero también en medios de comunicación y negocios bancarios, hasta 2013 con el beneplácito del Gobierno.
Ayer fue detenido en Erzurum, en el este de Turquía, el sobrino del predicador Muhammet Sait Gülen, bajo la sospecha de filtrar a los simpatizantes de la red preguntas de un examen estatal en 2010.
Esta filtración habría permitido a los allegados de Gülen entrar a formar parte del funcionariado para ir ascendiendo a puestos clave, según la investigación.
Los miembros de la cofradía y el partido AKP, que gobierna desde 2002, comparten una ideología islamista y conservadora en lo social y liberal en lo económico, y hasta el inicio de su lucha de poder se enfrentaron juntos a la élite turca laica y kemalista.
El decreto de ayer obliga a cesar de sus puestos a todos los funcionarios vinculados a Gülen, sin que puedan volver a contratarse, mientras que se cancelarán los pasaportes del personal investigado.
