La purga de supuestos cómplices en el fallido golpe de Estado del viernes 15 en Turquía ha alcanzado ayer dimensiones de represalia con la suspensión de 15.000 funcionarios de Educación, la prohibición de viajar al extranjero de los empleados públicos y la retirada de licencia a 24 emisoras.

"A partir de hoy, 15.200 empleados públicos, tanto en los centros como en las provincias, han sido suspendidos del servicio y se inicia una investigación respecto a estas personas", anunció en un comunicado el Ministerio de Educación.

La investigación se refiere a su supuesta pertenencia a las redes de simpatizantes de Fethullah Gülen, un predicador islamista exiliado en Estados Unidos, al que el Gobierno responsabiliza de la intentona golpista. Esta "lista negra" de funcionarios se suma a los 8.777 empleados del Ministerio del Interior, la mayoría de ellos policías y gendarmes, y a otros 2.500 de otros organismos públicos que fueron ayer apartados del cargo.

No sólo los trabajadores públicos se han visto afectados por la purga. Unos 21.000 profesores de centros educativos privados han visto cómo se les retiraba ayer su licencia.

El total de trabajadores, públicos o privados, que han sido suspendidos de empleo a consecuencia del golpe llega a 49.337 personas, calcula el diario Hürriyet.

Las medidas excepcionales han llegado al punto de prohibir a todos los funcionarios que abandonen el país, a no ser que cuenten con permiso expreso de sus superiores, a ordenar a los trabajadores públicos que interrumpan sus vacaciones y regresen a sus puestos y a pedir la renuncia de todos los decanos de facultades turcas, tanto de las universidades públicas como de las privadas.

Además, el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) ha cancelado las licencias a "todas las emisoras de radio y televisión que hayan dado respaldo a los conspiradores golpistas", una medida que afecta a 24 medios vinculados al Gülen.