El trámite que puede llevar al fin del mandato de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, entró ayer en sus últimas fases en una comisión parlamentaria que, el viernes 6 de mayo, decidirá si el proceso llega al pleno del Senado.

La comisión, integrada por 21 senadores, escuchó ayer al fiscal del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira, quien en 2015 detectó las irregularidades fiscales que le han dado pie a la oposición para iniciar el proceso, y a otros dos expertos en asuntos de derecho financiero y gestión pública.

La comisión escuchará hoy a tres testigos presentados por la defensa y prolongará sus debates hasta el viernes 6, cuando decidirá si la causa será archivada o remitida al pleno del Senado, que en ese último caso decidirá la semana próxima si instaura el juicio. Así, Rousseff sería separada del cargo por 180 días.

El fiscal De Oliveira insistió en que Rousseff incurrió en “graves irregularidades” relacionadas con maniobras contables que maquillaron los resultados del Gobierno y omitió los balances oficiales, unas abultadas deudas con bancos públicos y alteraciones de presupuestos no ajustadas a las normas.

“El Gobierno solo pagó a fines de 2015 y lo podría haber pagado antes, pero no lo hizo porque pretendía ejecutar otros gastos con ese dinero, lo que lleva a unas irregularidades gravísimas”, afirmó.