El Consejo de Estado de Colombia condenó a la Nación a pagar una indemnización de casi 6.000 millones de pesos (unos 2.1 millones de dólares) a los familiares de 26 militares que fueron secuestrados y torturados tras una toma de las FARC en 1998 a la base antinarcóticos de Miraflores, en el departamento del Guaviare (sur).

El alto tribunal, además de responsabilizar a las FARC por estos hechos, aseguró que se presentó una falla en el servicio por parte de las entidades demandadas (Ministerio de Defensa y Fuerzas Militares) ya que los policías que estaban en la base militar no tenían los elementos materiales para defenderse de un ataque guerrillero.

“En el debate jurídico se encontró que la mayoría de los fusiles y granadas que tenían los uniformados no funcionaban”, agregó el fallo.

El Consejo de Estado afirmó que además de la indemnización a las familias, debe ordenarse la solicitud de que los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) expliquen los tratos crueles e inhumanos que recibieron estos uniformados durante su cautiverio.

También aseguró que hubo una clara y “desproporcionada” violación a los derechos humanos por parte de la guerrilla, tras comprobar los testimonios de los secuestrados quienes advirtieron ser objeto de tratos inhumanos como “cuando les echaban vidrios en las comidas de los soldados”, según reseñan medios locales.