El Senado brasileño dio ayer el primer paso hacia un posible juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con la confirmación de los 21 miembros de una comisión que decidirá si se abre un proceso que pudiera poner fin a su mandato.

Los miembros de la comisión, que tiene mayoría opositora, tendrán su primera reunión este martes, cuando comenzará a correr un plazo de diez días en el que deberán debatir un informe sobre la acusación que pesa contra Rousseff, que se apoya en unas maniobras contables con las que el Gobierno maquilló sus resultados de 2014 y 2015. Dicho informe será votado por la comisión y, si fuera aprobado, llegará dentro de unos 15 días al pleno del Senado, que por mayoría simple entre sus 81 miembros decidirá si se abre el juicio contra la presidenta, que en ese caso sería inmediatamente separada del cargo durante los 180 días que pudiera durar el proceso.

Si Rousseff fuera enjuiciada, durante ese período su cargo sería ejercicio por el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria y a quien la mandataria considera como "uno de los jefes" de la "conspiración" que supuestamente buscar recortar su mandato.

El vicepresidente ha negado que trabaje por la caída de Rousseff, pero en las últimas semanas ha mantenido constantes consultas con personalidades de la política y la economía, al parecer con miras al eventual Gobierno que pudiera encabezar desde mediados de mayo.

La comisión, que durante las próximas sesiones escuchará a los representantes de la acusación y a la defensa de la mandataria, fue formada en forma proporcional, en función de los escaños que cada fuerza política tiene en el Senado.

El mayor número de miembros (cinco) recayó en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), primera minoría en la Cámara alta y liderado por el vicepresidente Temer.