El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, dijo ayer que el Gobierno apelará a la justicia si avanza el proceso para un juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff, que volvió a calificar de "nulo" e "ilegal".
El trámite para un eventual juicio político dio el primer paso en firme este miércoles, cuando el instructor de una comisión especial de la Cámara baja que analiza el asunto consideró que hay méritos jurídicos para un proceso con miras a la destitución de Rousseff. En una conversación con corresponsales extranjeros, Cardozo descalificó el informe presentado por el diputado instructor Jovair Arantes, que a su juicio refleja una situación "jurídica absolutamente fantasiosa", "irreal" e "inconsistente".
El instructor aceptó la acusación formulada por la oposición, según la cual Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
