Una serie de demandas ante la justicia brasileña dejó ayer en el aire el nombramiento y la investidura del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo ministro de la Presidencia en el Ejecutivo de Dilma Rousseff, de lo que puede depender su blindaje ante los tribunales.

Lula, blanco en diversas investigaciones por corrupción, ocupó el cargo de ministro de forma efectiva cerca de una hora, el lapso que pasó entre la firma de su acta ante Rousseff y el anuncio de la primera decisión de un juez de suspender los actos celebrados en el palacio de Planalto.

Dos jueces, uno de Brasilia y otro de Río de Janeiro, ordenaron la suspensión del nombramiento por el riesgo de una eventual obstrucción a la justicia por parte de Lula, aunque el Gobierno anunció que recurrirá todas las demandas que se presenten.

La toma de funciones "puede implicar intervención, indebida y odiosa, en la actividad policial, del Ministerio Público y también en el ejercicio del Poder Judicial por parte del señor Luiz Inacio Lula da Silva", señaló el texto del juez Itagiba Catta Preta Neto.

En opinión del Gobierno, estos fallos judiciales no anulan la investidura, por lo que Lula sigue siendo ministro aunque no pueda ejercer sus nuevas funciones.
Ni si quiera el abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, fue capaz de resolver la incógnita de si la suspensión de sus funciones es también extensiva a su aforamiento, un punto que cobra especial importancia para aclarar qué juez debe analizar la petición de prisión preventiva que presentó la Fiscalía de San Pablo.

Las demandas contra Lula se diseminaron a gran velocidad por los tribunales de todo el país, algunas promovidas por los partidos de la oposición y otras, por colectivos o individuos, y algunas ya han sido rechazadas, como una presentada el miércoles ante el Tribunal Federal de Porto Alegre.

La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, la máxima instancia del país que ha recibido, al menos, diez demandas y en las que, además de pedir que Lula no sea ministro, se exige que sea procesado por el temido juez Sergio Moro, de la corte de Curitiba.

El magistrado Teori Zavascki, el relator de dos de estas demandas, dio ayer un plazo de cinco días para que presenten sus alegaciones la Fiscalía, la Presidencia y la Abogacía General de la Unión, antes de tomar su decisión, que también será cautelar y solo valdrá hasta el juicio que tenga lugar en el pleno del Supremo.

El abogado del Estado advirtió ayer del peligro de la "judicialización" de la política, en plena escalada de declaraciones entre el Gobierno y la magistratura por supuestas y respectivas violaciones a la Constitución y a la independencia de los tres poderes. La propia Rousseff anunció que tomará medidas legales contra el juez Moro por haber ordenado grabar y haber divulgado unas conversaciones telefónicas entre ella y Lula, que fueron captadas hasta este miércoles 16 en el marco de las investigaciones por la supuesta participación del exmandatario en diversas corruptelas.