El popular exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, acosado por sospechas de corrupción, fue posesionado ayer a cargo del Ministerio de Presidencia, la cartera más importante del gabinete de Dilma Rousseff, con el objetivo de atajar la crisis de gobernabilidad.
Esta cartera le otorgará a Lula una gran influencia, ya que desde ella podrá tener voz y voto en todas las decisiones de su sucesora, tanto en materia política como económica, y le convertirá en el principal interlocutor del Gobierno con el Parlamento. Debido a esta acumulación de funciones, la oposición ha calificado a Lula como un "presidente en la sombra" que llega para reemplazar a una Rousseff que "abdicó" de su cargo y puso fin a su segundo mandato.
Rousseff defendió que su relación con su antecesor es "sólida" y se fundamenta en los cimientos del "proyecto común" que ambos comparten.
Restando importancia al movimiento de juego de tronos que le echa en cara la oposición y la prensa, aseguró que le concederá a Lula "los poderes necesarios para ayudar a Brasil".
También afirmó que su incorporación "fortalece" el Gobierno y consideró que le ayudará a engrasar sus oxidadas relaciones con los partidos de la coalición oficialista, que en los últimos meses se han resquebrajado al punto de suponer una amenaza para su continuidad en la Presidencia.
El presidente del Senado, Renan Calheiros, valoró que Lula "indiscutiblemente" tiene buenas relaciones con las dos cámaras, con lo que puede "ayudar" a negociar la permanencia del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en el Gobierno.
El PMDB es el partido más importante de Brasil y el pasado fin de semana, durante una convención de su directiva, se dio un plazo de 30 días para evaluar si sale del Ejecutivo por sus desavenencias con Rousseff, lo que podría alimentar el juicio político que la oposición trata de impulsar contra la mandataria. El nombramiento, sin embargo, provocó una cascada de reacciones negativas por parte de los partidos de la oposición, que incluso presentaron una demanda ante un tribunal de Brasilia para tratar de impedirlo, puesto que lo consideran una "afrenta al Estado Democrático de Derecho".
La oposición fundamenta el pedido en las causas abiertas por la justicia contra Lula, quien está investigado en diversos procesos y ha sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
Las sospechas de su participación en escándalos de corrupción fueron uno de los factores que alentaron el pasado fin de semana las masivas manifestaciones que sucedieron en ciudades de todo el país y en las que millones de personas salieron a las calles para pedir la renuncia de Rousseff y el encarcelamiento de Lula.
El cargo de ministro le brindará a Lula la protección del fuero privilegiado, por lo que las causas abiertas en su contra deberán pasar a manos del Tribunal Supremo, que no goza de la agilidad de las cortes convencionales.
Sin embargo, la esposa de Lula, Marisa Letícia, y su hijo mayor, Fabio Luiz, que también son investigados por la Fiscalía, sí podrían ser juzgados por el juez Sergio Moro, el riguroso magistrado que ha centralizado el grueso del caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y que ha aplicado 84 condenas en dos años.
Rousseff subrayó que la decisión de Lula de convertirse en ministro no se debe a sus problemas con la justicia y recalcó que no implica que deje de ser investigado, sino que lo será en una corte de "jerarquía superior".
Desmintió rumores sobre posibles cambios en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central y también aseguró que las reservas de divisas no se usarán para impulsar un programa desarrollista, como le demanda el PT.