El Gobierno y la oposición comenzaron a prepararse ayer para un eventual juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, exigido durante las protestas multitudinarias que el domingo 13 sacudieron las calles de todo el país.

"No podemos desconocer el tamaño de la manifestación", declaró el jefe del grupo oficialista en el Congreso, José Pimentel, sobre las manifestaciones, consideradas las mayores en la historia del país y que movilizaron al menos a 3.6 millones de personas en cientos de ciudades para exigir la destitución de la mandataria.

Pimentel participó ayer en una reunión convocada por Rousseff con siete de sus ministros y algunos legisladores oficialistas para analizar el impacto de las protestas, de las que este domingo el Gobierno se limitó a reconocer su "carácter pacífico". El legislador explicó a periodistas que una de las decisiones adoptadas es que la base parlamentaria oficialista debe promover un amplio diálogo para impedir que el proceso contra Rousseff prospere.

"Tenemos que conversar y escuchar mucho" y eso debe hacerse con "todos" los partidos políticos, incluidos los de oposición, que son los que alientan el proceso contra la mandataria, afirmó Pimentel. La oposición, por su parte, sostuvo que el mensaje enviado desde las calles es "clarísimo". Los brasileños "han dicho que quieren que este Gobierno acabe", declaró Antonio Imbassahy, jefe del grupo del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD) en la Cámara de Diputados.