Un nuevo rechazo del Tribunal de Cuentas a los balances del Gobierno de Dilma Rousseff animó a la oposición brasileña, que ayer sostuvo que ese fallo "comprueba" que ha violado la ley y que debe ser sometida a un juicio político.
El trámite para el inicio de un proceso con miras a la pérdida del mandato de Rousseff comenzó este martes en la cámara baja, pero ese mismo día el Tribunal Supremo lo suspendió hasta el miércoles de la semana próxima, cuando establecerá algunos procedimientos para el juicio que han sido puestos en duda por el oficialismo. Ese paréntesis fue interrumpido por una decisión del Tribunal de Cuentas, que rechazó los alegatos presentados por el Gobierno sobre unas irregularidades en sus balances de 2014, que según ese órgano de contraloría han continuado este año, lo cual ha dado pie a la oposición para poner en marcha el proceso contra Rousseff.
El Tribunal de Cuentas "ha dicho otra vez que la presidenta incumplió la ley" e incurrió en un "delito de responsabilidad", que según la Constitución puede llevar a su destitución, declaró hoy el senador Aécio Neves, presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal fuerza opositora del país. Uno de los principales alegatos del Gobierno fue que el atraso en el envío de recursos a la banca pública es "común" y que ya ocurrió durante las gestiones de Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva.