La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, exigió ayer que el proceso que definirá si será sometida a un juicio con fines de destitución concluya "lo más rápido posible", pero el Congreso le dio largas y postergó para este martes la instalación de una comisión que decidirá sobre el asunto.
La comisión especial debía instalarse ayer, pero la Cámara baja informó que ese primer paso ha sido postergado para hoy por problemas en el nombramiento de los miembros del grupo, que serán 65 diputados de todos los partidos con representación parlamentaria.
Las mayores dificultades surgieron en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer pero que tiene fuertes disidencias internas y está dividido entre quienes respaldan a Rousseff y aquellos que pretenden recortar su mandato.
La división en el PMDB fue confirmada ayer por Eliseu Padilha, un influyente dirigente de esa formación que el pasado viernes renunció al cargo de ministro de Aviación Civil que ocupaba desde hace unos meses alegando "razones personales", según explicó una nota oficial.
"El partido está dividido sobre esa cuestión (del juicio contra Rousseff) y tendremos que ver cuál es el sector mayoritario", dijo Padilha, quien apuntó que el vicepresidente Temer está "estudiando la situación" dentro del PMDB. Temer, quien asumiría la presidencia en caso de que Rousseff fuera separada del cargo, aún no se ha manifestado ni a favor ni en contra del proceso, lo cual ha sembrado desconfianzas en el propio Gobierno, según han confirmado diversas fuentes oficiales.
Sin embargo, Rousseff insistió en que confía en el apoyo que le darán tanto el PMDB como el propio Temer.
"Confío en el vicepresidente Temer como siempre confié", declaró Rousseff, quien subrayó que "siempre fue extremadamente correcto", por lo que no puede "desconfiar ni un milímetro de él". Antes de que se decidió el aplazamiento de la instalación de la comisión, Rousseff declaró en una rueda de prensa que el trámite para decidir si finalmente será juzgada debe concluir "lo más rápido posible", pues el país "no puede quedar esperando" por una decisión.
Incluso abogó porque el Congreso nacional suspenda el receso que tiene previsto entre el 22 de diciembre y 2 de febrero, a fin de que avance el complejo proceso para determinar si responderá a un juicio político.
"Creo que no debería haber receso, pues vivimos un momento en que no tenemos el derecho de parar al país hasta el 2 de febrero", dijo la mandataria, quien consideró "justo y legítimo" que las cámaras legislativas descansen durante las fiestas de fin de año.
