Los partidos políticos de Brasil ultimaron ayer el nombre de los 65 diputados que a partir de este lunes integrarán la comisión especial que decidirá sobre la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Los legisladores determinarán si las irregularidades fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado constituyen un motivo para despojar a Rousseff del cargo para el que fue reelegida en 2014.
La comisión especial se instalará el lunes y tendrá representantes de todos los partidos que integran la Cámara de los Diputados.
El bloque liderado por el oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer, tendrá el mayor número de diputados (25), mientras que el grupo encabezado por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), formación a la que pertenece Rousseff, contará con 19 legisladores.
Sobre el papel, el Gobierno tiene apoyo suficiente para frenar el avance del proceso de destitución, pero el PMDB, a pesar de su oficialismo, cuenta con sectores disidentes que están a favor del "impeachment", lo que podría poner a Rousseff contra las cuerdas.
El Ejecutivo teme que el PMDB pueda elegir a diputados contrarios a la presidenta, por ello, la propia Rousseff salió al paso de las especulaciones y afirmó la víspera que espera la confianza de Michel Temer. "Y la tendré", aseveró.
Una vez instalada la comisión, Rousseff tendrá un plazo de diez sesiones para presentar por escrito su defensa.
Sus argumentos y los de la parte acusadora serán analizados durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe que preparará el diputado instructor del caso a favor o en contra del inicio del proceso.
Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso seguirá hacia adelante si es respaldado por al menos dos tercios (342 votos), el mayor cuórum exigido por la Constitución.
