El Partido de los Trabajadores (PT) denunció ayer que la "ofensiva conservadora" que pretende llevar a un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ahora le apunta "por la vía judicial" al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
"Los que perdieron las elecciones del año pasado se lanzaron a aventuras golpistas" y se han sumado a "un movimiento general del gran capital contra los gobiernos populares", dijo el presidente del PT, Rui Falcao, después de una reunión que la dirección nacional del partido celebró en Brasilia.
Falcao enmarcó en esa supuesta "ofensiva conservadora" tanto los intentos de la oposición brasileña de iniciar un juicio con miras a la destitución de Rousseff como las investigaciones judiciales que están en desarrollo sobre los negocios de Lula y de uno de sus hijos.
También reiteró que el PT pretende que Lula, aunque él no se ha pronunciado, vuelva a aspirar a la Presidencia en 2018, lo cual, de acuerdo con la opinión de Falcao, lo convierte en el "nuevo blanco" de los ataques de las fuerzas conservadoras.
Si bien Lula aún se niega a desvelar si postulará otra vez a la Presidencia, al intervenir en la reunión del PT declaró que "si el objetivo" de las sospechas vertidas contra él mismo y su hijo es "truncar alguna perspectiva de futuro", los próximos "tres años serán de mucha pelea".
Fue aprobado un documento que denuncia "los ataques" contra la mandataria y su antecesor, que según Falcao se dirigen en realidad contra el PT y las "políticas de inclusión" que ese partido puso en marcha al llegar al poder en 2003, con Lula. El expresidente está bajo investigación por un supuesto tráfico de influencias en favor de empresas privadas una vez que dejó el poder, en enero de 2011, mientras que su hijo Luis Claudio Lula da Silva es sospechoso de haber incurrido en delitos fiscales. En el caso de Rousseff, la oposición presiona por someterla a un juicio político con fines de destitución por unas maniobras que el Gobierno realizó para maquillar sus resultados de 2014 y que aún persisten, de acuerdo a órganos de contraloría del Estado.
Según la oposición, eso supone un "delito de responsabilidad", que la Constitución contempla entre las posibles razones que pueden llevar a la destitución de un mandatario, aunque el Gobierno y hoy el PT y el propio Lula lo rechazaron.
Durante la reunión de la dirección del partido Lula declaró de forma tajante que no "hay ninguna base legal" para procesar a Rousseff.
