La oposición brasileña formalizó ayer una nueva petición de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, a quien acusa de supuestos "delitos de responsabilidad" que la Constitución contempla entre las posibles causas para destituir a un mandatario.
La nueva solicitud para un proceso con miras a la destitución de Rousseff fue entregada a la Cámara de Diputados y sostiene que la jefa de Estado avaló las irregularidades detectadas en los balances presentados por el Gobierno en 2014.
Esas irregularidades, según órganos de contraloría, se han mantenido en 2015, ya en el segundo mandato presidencial de Rousseff, que comenzó el 1 de enero.
Según la oposición, esas maniobras configuran un "delito de responsabilidad", que es una de las posibles causas previstas en la Constitución brasileña para la destitución de un mandatario. "Este no es un movimiento solo de oposición", pues "representa a la población brasileña, que no soporta más a este Gobierno mentiroso y corrupto", declaró el diputado Carlos Sampaio, del Partido de la Social Democracia Brasileña, al hacer entrega del documento en compañía de parlamentarios de otras tres formaciones opositoras.
El documento fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien está contra las cuerdas debido a una investigación policial que lo incluye entre el medio centenar de políticos beneficiados por las corruptelas en la estatal Petrobras.
Cunha es, según la ley, el responsable de analizar los pedidos de destitución de un jefe de Estado, que la Constitución prevé siempre y cuando existan razones jurídicas o los considerados "delitos de responsabilidad".
El documento fue entregado horas después de que Rousseff regresó al país tras un viaje de trabajo a Suecia y Finlandia, durante el que intercambió duras declaraciones con Cunha.