Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) aprobaron ayer el reparto de 120.000 refugiados llegados a territorio comunitario, pese al voto en contra de Eslovaquia, República Checa, Hungría y Rumanía.
Aplazaron no obstante la distribución de 54.000 de esas personas a un segundo año de aplicación de la medida.
"Hubiéramos preferido una adopción por consenso, pero no ha sido posible. Algunos Estados miembros no han querido formar parte de esa amplia mayoría y han hecho constar otras opiniones legítimas, pero no tengo dudas de que implementarán la decisión", afirmó el ministro de Inmigración y Asilo de Luxemburgo, Jean Asselborn, cuyo país ocupa la presidencia de la UE, al término de la reunión. Finlandia se abstuvo en la votación, que fue por mayoría cualificada, y tampoco votaron el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, que gozan de derechos de no participación en materia de Justicia e Interior.
El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, sostuvo que la solidaridad de los Veintiocho "no es forzada" y que todo el mundo ha entendido que la UE debe estar "a la altura de las circunstancias".
Explicó además que el rechazo de estos cuatro países no se debió a que tuvieran reservas de fondo a acoger refugiados, sino porque tenían dudas de que un mecanismo de reparto como el adoptada pudiera generar un efecto llamada y preferían actuar sobre las raíces del problema. "Es verdad que lo más urgente y prioritario es acoger a esos refugiados, pero es verdad que también hay que procurar que no haya refugiados (...) y eso significa ir a la raíz del problema", afirmó. La distribución del total de 120.000 refugiados entre países se realizará en dos etapas: primero se trasladará a 66.000 personas desde Grecia e Italia al resto de Estados miembros, y en una segunda fase a las otras 54.000. Este segundo grupo también procederá en principio de los centros de refugiados de Grecia e Italia, a menos que la situación en el terreno haya cambiado o un estado tenga una emergencia, en cuyo caso la Comisión Europea (CE) podrá presentar una propuesta para modificar esta decisión y proponer otros beneficiarios.
"En lo que confiamos es en que este acuerdo se pueda implementar lo antes posible. Lo deseable sería que desde mañana estuviésemos en condiciones todos los estados de implementarlo. Creo que la voluntad es esa", dijo Fernández Díaz.