Seis meses de investigaciones le sirvieron a los expertos comandados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para desvirtuar la "verdad histórica" de la Fiscalía mexicana sobre la desaparición de 43 estudiantes y lanzar una hipótesis sobre el móvil de los hechos que no ha sido explorada.
Ayer, tras haber acabado su periodo de investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe de conclusiones en el que niega la hipótesis ofrecida por el Gobierno de que los estudiantes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero), fueron quemados en un basurero.
Los expertos rechazaron categóricamente esta posibilidad, con base en un peritaje realizado por José Torero, un reconocido especialista en incendios, quien tras realizar trabajo de campo, examinar las pruebas y contrastar las declaraciones de los presuntos autores materiales concluyó "que no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis".
Con esto se pone en duda, como ya habían hecho numerosas instituciones, la versión oficial ofrecida el mes de enero de 2015 por el entonces fiscal, Jesús Murillo, la llamada "verdad histórica" que decía que los jóvenes fueron asesinados por narcotraficantes del cartel Guerreros Unidos e incinerados en una enorme hoguera que ardió durante horas.
Murillo dijo que los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados a Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero, para después arrojar sus restos al río San Juan. Sin embargo, el laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria) que analizó los restos recuperados en el basurero y en el río solo pudo identificar genéticamente a uno de los jóvenes, Alexander Mora.
En su informe, los expertos del GIEI denunciaron también numerosas irregularidades en la investigación, entre ellas omisiones, destrucción de evidencia, y presuntas torturas a los detenidos. El grupo denunció que aquella noche los jóvenes se apoderaron de cinco autobuses para trasladarse, pero la investigación no da cuenta de uno de ellos, que podría ser "central" en la investigación.
La toma de los autobuses en Iguala para desplazarse a la capital mexicana a fin de participar en una manifestación podría haberse cruzado con la "existencia de drogas ilícitas (o dinero)" en una de las unidades.
En el informe se indica también que el resto de explicaciones posibles, como la confusión con un grupo del narcotráfico, es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con que los jóvenes iban desarmados y con su llegada a Iguala para sabotear un acto público.
