La denuncia por corrupción contra el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, pone más tensión a la relación del Gobierno con el segundo en la línea de sucesión, quien como titular del Congreso puede decidir la apertura de un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff.
Pese a que Rousseff expresó que su Gobierno "no comenta investigaciones" y evitó así hablar del caso, el ministro de Defensa, Jaques Wagner, admitió que la situación es "complicada" y advirtió de la posibilidad de una "guerra política" en el Congreso.
Lo que parecía un debilitamiento político con su denuncia ante la máxima corte, al parecer se convirtió en un arma de doble filo para el Gobierno, puesto que, con Cunha presionado, un sector de la base aliada teme represalias desde su alta posición en el Congreso.
Cunha tiene la facultad de aprobar la apertura de un eventual juicio político con fines de destitución a Rousseff, lo que ha sido planteado por algunos sectores de la oposición. No obstante, Cunha, quien aseguró que no renunciará a su cargo.