El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí habría perdido todos los procesos que fueron planteados por extrabajadores los cuales alegaban derechos aunque en muchos casos se trataba de personal a contrato.

El alcalde Williams Roger Cervantes lamentó que en la Dirección Departamental de Trabajo no se hubiera efectuado una adecuada valoración caso por caso para establecer la recontratación de los mismos.

Frente a esa situación se envió este caso a la Unidad de Transparencia quien ya está investigando cuál fue la participación de los abogados de la Dirección de Recursos Humanos en caso uno de los procesos porque existen evidencias de que en algunos prácticamente abandonaron la defensa de la institución.

Una vez que se tenga el informe de la mencionada unidad se planteará demandas penales contra los abogados que incumplieron su deber de defender los intereses de la institución que les pagaba un sueldo por esa labor.

No se descarta plantear demandas contra el personal de la oficina de trabajo de Potosí porque habría casos de personal de confianza contratado por exautoridades que no tienen derecho a la estabilidad laboral por ser de libre disponibilidad, pero que lograron el beneficio de la recontratación.

El alcalde constitucional, Williams Cervantes, había expresado su preocupación por el elevado número de funcionarios que existía en la Alcaldía el cual superaba los 900 desde la gestión 2019, lo que representaba aproximadamente un gasto de 60 millones de Bolivianos anuales.