El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) denunció que durante el Gobierno de Luis Arce Catacora se habría instaurado “un esquema de malversación de fondos” en la planta de cemento de Ecebol, en Potosí, a través de un presunto sistema de contrataciones irregulares y un uso indebido de recursos públicos destinados a inversión.
Según un reporte institucional, en la gestión 2023 se registraron “irregularidades administrativas severas”, ya que el manual de cargos establecía la contratación de un máximo de 15 personas para la etapa de transición; sin embargo, se llegó a incorporar a cerca de 80 trabajadores, excediendo ampliamente lo permitido.
En este contexto, el gerente general del Sedem, Roberto Justiniano, denunció la toma ilegal de la planta por parte de un grupo de personas cuyos contratos eventuales concluyeron el 31 de diciembre pasado. La autoridad explicó que el conflicto actual se origina en el “manejo irresponsable de los recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro)”, fondos del Tesoro General de la Nación (TGN) que tenían como finalidad exclusiva la construcción y la implementación tecnológica de la factoría.
De acuerdo con la denuncia, se habrían pagado salarios a personal destinado a operar maquinaria que aún se encontraba en proceso de ensamblaje e instalación, además de haberse utilizado capital de inversión para gasto corriente, una práctica expresamente prohibida por la normativa vigente. Justiniano remarcó que “el préstamo del Finpro es para comprar maquinaria y levantar infraestructura, no para pagar sueldos”, advirtiendo que exautoridades habrían desviado recursos para planillas operativas de una planta que todavía no estaba en funcionamiento.
Asimismo, la autoridad señaló que quienes actualmente mantienen la toma de la planta conocían el carácter eventual de su relación laboral y la fecha de conclusión de sus contratos, subrayando que no se puede sostener un modelo de financiamiento irregular que consume recursos del Estado antes de iniciar la producción.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua anunció que no cederá ante presiones que busquen perpetuar la ilegalidad y confirmó que se iniciarán acciones legales contra las exautoridades responsables de las contrataciones fuera de norma. “El Gobierno está enfocado en trabajar en una fábrica que genere utilidades para Potosí, no una agencia de empleos políticos. La ley se cumple y el patrimonio del Estado se defiende”, concluyó Justiniano, al exhortar a los movilizados a deponer estas medidas.
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