El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) denunció una presunta obstrucción judicial y negligencia por parte de fiscales de la anterior gestión del Ministerio Público, quienes rechazaron de manera expedita e irregular denuncias penales formuladas para establecer responsabilidades por el daño económico y la paralización de la planta de cemento de la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol) en Potosí.

En conferencia de prensa, el gerente general del Sedem, Roberto Justiniano; el gerente técnico de Ecebol, Carlos Andrés Gallardo, y la gerente jurídica, Carolina Cabrera, informaron sobre las acciones legales emprendidas tras identificar un daño económico preliminar de 17 millones de bolivianos en la infraestructura y operación de la planta potosina, derivado de una presunta mala administración, omisiones en la provisión de servicios básicos, como agua y gas, y la firma de contratos e instrumentos lesivos al Estado.

“Desde que hemos asumido esta nueva administración, hemos fiscalizado e identificado una serie de irregularidades dentro de la planta Potosí, en las cuales hemos hecho denuncias. Lo más preocupante es que esa serie de denuncias presentadas no han sido admitidas por una serie de cuestionantes”, afirmó Justiniano.

Por su parte, Gallardo explicó que se evaluaron más de 1.500 procesos administrativos y que, como resultado de ese análisis técnico, se identificaron presuntas responsabilidades en diversos ilícitos, como usurpación de funciones, malversación, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Según indicó, las denuncias relacionadas con estos hechos fueron rechazadas por anteriores autoridades de la Fiscalía, “lo que evidencia una obstaculización para conocer la verdad y llegar a los culpables”.

A su turno, Cabrera expuso que exfuncionarios de gestiones pasadas habrían ocultado información relevante para la investigación y denunció la presunta parcialidad con la que actuaron algunos fiscales.

“Los exfuncionarios no nos daban la información correspondiente; es más, nos han ocultado información y se han llevado documentación que ahora estamos trabajando para recuperar por otros medios”, afirmó.

Además, cuestionó el rechazo de los memoriales presentados: “Un proceso penal tiene su tiempo y su procedimiento, pero lo extraño es que, sin revisar la documentación —estamos hablando de mucha documentación que se les ha presentado—, de un día para otro ya estaba el rechazo de la denuncia. No implicamos a la Fiscalía en general, sino a los fiscales que lamentablemente nos tocó que vean esos procesos”.

Ante esta situación, el Sedem confirmó que el jueves 8 de octubre remitió una carta formal al nuevo fiscal general del Estado para solicitar una audiencia urgente que permita presentar un informe detallado de las irregularidades identificadas, reactivar los procesos pendientes y garantizar la transparencia del caso.

Presentación técnica ante la institucionalidad potosina

Como parte de las acciones para transparentar los aspectos técnicos y legales del caso ante el departamento de Potosí, las autoridades del Sedem anunciaron que el miércoles 14 de octubre sostendrán una reunión de socialización y presentación de un informe detallado con representantes de la Brigada Parlamentaria, la Gobernación, el Gobierno Autónomo Municipal, el Concejo Municipal, las organizaciones territoriales y el Comité Cívico Potosinista.

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